Finalizó el conversatorio sobre derechos de las infancias

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) convocó a operadores de justicia de todo el país a participar de dos jornadas de derechos de las infancias para abordar la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNyA) y establecer los lineamientos y alcances de la Ley 27709 (conocida como Ley Lucio).

Se realizaron dos encuentros presenciales que fueron transmitidos a través de YouTube para todo el país. En el primer encuentro, el 11 de octubre de 2023, Magdalena Laiño Dondiz, presidenta de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, se refirió a los derechos de las infancias. Partió de la definición del marco normativo internacional y nacional, que incluye la Convención de Derechos del Niño; la Ley 24417/1995, de protección contra la violencia familiar; la Ley 26061/2005, de protección integral de los derechos de NNyA; la Ley 26485/2009, de protección integral a las mujeres; la Ley 27372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delito, y la normativa específica del Código Civil y Comercial de la Nación, entre otros.

Laiño Dondiz destacó el rol del Estado frente a los derechos de NNyA para garantizar la debida diligencia reforzada. En este sentido, sostuvo la necesidad de asegurar la prevalencia del interés superior del niño y brindar cuidados especiales que tomen en cuenta su debilidad, inmadurez e independencia de las personas afectadas.

También se refirió a la Ley Lucio, que estableció la obligatoriedad de la capacitación para los tres poderes del Estado a fin de garantizar su intervención oportuna y efectiva. La norma determina que la capacitación tiene que ser continua, permanente y obligatoria para los agentes del Estado con el objeto de detectar, de manera temprana, abusos o maltrato.

A su turno, la doctora Karina Chávez, prosecretaria letrada de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, habló de la importancia de oír al/la niño/a. “El derecho a ser oído es un acto constante, dinámico e intergeneracional”, dijo.

Se refirió a la información que aportan las formas no verbales de expresión (dibujos, fichas médicas e informes escolares). Señaló que esta información permite detectar la existencia de cambios en el comportamiento y aporta datos valiosos.

La funcionaria definió a las defensorías como agentes de protección del Estado y criticó la superposición de medidas judiciales y extrajudiciales, porque generan revictimización.

El encuentro, del que participaron de manera presencial y a través de YouTube más de 230 personas, fue coordinado por Viviana Sánchez Rodríguez, subdirectora de la Escuela de Capacitación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y Claudia Romano Duffau, coordinadora de la BGD de la CSJN.

Segunda jornada

En la segunda jornada, el 18 de octubre de 2023, disertaron Carlos Federico Cociancich, titular del Juzgado Nacional de Menores n.° 6, y María Alejandra Provítola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.° 3. Moderó Viviana Sánchez Rodríguez.

Cociancich sostuvo que la Justicia debe “detectar alertas tempranas de maltrato infantil para restituir derechos vulnerados”. “Su intervención debe ser inmediata y oportuna”, dijo.

Repasó también varios fallos de la CSJN y compartió diversos casos que se tramitaron en el juzgado a su cargo. Habló también del principio de especialidad que rige al trabajar con niños/as y, en este sentido, la importancia de la capacitación permanente (como lo establece la Ley Lucio).

“Los NNyA tienen dificultades a la hora relatar el maltrato al que son sometidos y este no es un dato menor”, dijo. Por ello, indicó que es fundamental la intervención de personal especializado, que genere empatía con el menor para que puedan contar qué les está pasando.

A su turno, María Alejandra Provítola, dijo que “la Ley Lucio nos humaniza y nos empuja a tener enfoques multidisciplinarios, interagenciales y a incorporar herramientas de capacitación integral”.

Indicó la necesidad de diseñar protocolos de acción para el abordaje temprano de los casos. Sostuvo que “las medidas cautelares son impostergables, el juez debe adoptarlas para la protección integral del niño/a”. Entre ellas, destacó la vigilancia electrónica del imputado por algún dispositivo de geolocalización, la obligación de concurrir a determinado lugar y disponer el abandono del domicilio donde vive el menor.

Se refirió también al dictado de medidas cautelares sobre redes sociales y uso de la tecnología.